Con un promedio de antigüedad de 15 años y condiciones críticas que representan riesgos para los usuarios, es hora de decir adiós a las unidades chatarra de transporte público en Edomex. Y es que el reciente ajuste a la tarifa del transporte público se justifica precisamente por la necesidad de modernizar el transporte y asegurar un servicio de calidad, seguro y eficiente.
Se estima que entre el 30 y 40% del transporte concesionado está en estado obsoleto e inseguro, poniendo en peligro la seguridad y salud de miles de mexiquenses que dependen de este servicio diariamente. Este deterioro se refleja en unidades con vidrios rotos, asientos en mal estado, y en general, condiciones inadecuadas para un traslado seguro y cómodo.
De ahí que el gobierno estatal ha iniciado programas de deschatarrización y reciclaje de vehículos obsoletos para sustituirlos por unidades más modernas, seguras y sustentables, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos. Se busca crear un sistema de transporte público que incluya accesibilidad universal, tecnologías limpias y tarifas integradas con beneficios para grupos vulnerables.
En este sentido, Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad del Estado de México, aseguró que son 250 millones de pesos los que serán destinados a la deschatarrización de unidades del transporte público. Y aunque advirtió que aún falta consolidar proyectos para que la totalidad del recurso sea liberado, gran parte de los vehículos modernos y sostenibles, serán financiados con recursos provenientes del reciclaje.
El proceso de proceso de deschatarrización consiste en retirar de circulación las unidades obsoletas o en malas condiciones, y sustituirlas por vehículos nuevos. Para esto, se establecen reglas claras, un fideicomiso para el manejo transparente de los recursos y un programa de sustitución vehicular que incluye bonos de deschatarrización para los concesionarios, incentivando la renovación de sus flotas.
En cuanto al reciclaje, las unidades retiradas se procesan bajo normas ambientales para aprovechar materiales como el metal, el plástico y otros componentes, evitando así la generación de residuos contaminantes y promoviendo la economía circular. Este proceso implica la colaboración entre municipios, la Secretaría de Movilidad y organizaciones especializadas para transformar los vehículos inservibles en recursos útiles.
