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En el Estado de México, la proliferación de gaseras clandestinas representa un grave riesgo para la seguridad de la población. En 2025, se estima que operan más de 500 gaseras sin permisos oficiales, principalmente en municipios como Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco y Chicoloapan.
Estas gaseras ilegales no solo incumplen con las normas oficiales de seguridad y protección civil, sino que también se asocian con actividades ilegales como el robo de gas LP a ductos de Pemex y empresas legales, lo que genera pérdidas millonarias y un elevado peligro de accidentes, incluyendo explosiones.
El problema central es que estas instalaciones clandestinas carecen de medidas básicas de seguridad, como válvulas funcionales, extintores, rutas de evacuación y personal capacitado, lo que las convierte en una amenaza para las comunidades cercanas. No son pocos los casos de explosiones en gaseras ilegales que dejan pérdidas materiales y cobran vidas.
El crecimiento de estos negocios irregulares ocurre en parte debido a la corrupción y la complicidad de algunas autoridades, que presuntamente reciben sobornos a cambio de permitir su operación. Su presencia también se explica por la alta demanda de gas LP, junto con la problemática social y económica que impulsa la informalidad y prácticas ilegales, además, la presencia de redes criminales que controlan el robo y la distribución ilegal.
A diferencia de las casi 450 gaseras legales con permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en estas más de 500 gaseras clandestinas aumenta la probabilidad de accidentes, explosiones y pérdidas económicas millonarias.
Por ello, las autoridades estatales han intensificado la regulación, vigilancia y operativos para combatir esta problemática, además de fomentar la denuncia ciudadana para proteger a la población y asegurar la legalidad en la distribución de gas.
