Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social se han convertido en una de las principales apuestas del gobierno de Delfina Gómez para acercar asesoría jurídica y servicios públicos a las familias mexiquenses. De acuerdo con la información oficial, esta estrategia ya ha beneficiado a más de 370 mil familias y acumulado un millón de trámites y servicios en favor de la población.
Se trata de acercar los servicios del gobierno hasta las comunidades para evitar traslados largos, filas innecesarias y gastos extra. Con ello, las familias han logrado un ahorro superior a 278 millones de pesos, principalmente por la reducción de tiempos, costos de movilidad y trámites dispersos.
En estas jornadas participan más de 150 servidoras y servidores públicos de 31 dependencias federales, estatales y municipales, quienes brindan más de 125 trámites y servicios. La mayoría son gratuitos y el resto cuenta con descuentos de hasta 50%, lo que vuelve la atención más accesible para comunidades con menos recursos.
Entre los servicios disponibles se encuentran:
- Expedición de actas del Registro Civil.
- Asesoría jurídica.
- Regularización de la propiedad.
- Elaboración de testamentos.
- Licencias de conducir.
- Otros trámites administrativos y de atención ciudadana.
El programa busca eliminar barreras burocráticas y dar certeza jurídica a la población, especialmente a quienes suelen tener más dificultades para resolver trámites por falta de dinero, tiempo o cercanía con oficinas gubernamentales. En la práctica, esto ayuda a que las familias puedan regularizar documentos, proteger su patrimonio y resolver asuntos legales sin gastar de más.
La importancia de descentralizar y llevar estos servicios a las comunidades radica en beneficios específicos, entre ellos, la regularización de propiedades y la elaboración de testamentos aseguran el patrimonio familiar, evitan conflictos legales futuros y dan tranquilidad sobre el futuro de los bienes.
Por otro lado, el acceso a la expedición y corrección de actas de nacimiento o CURP es la llave para ejercer otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. El ahorro de tiempo y dinero es clave, además brindar asesoría jurídica gratuita y otros servicios administrativos permite a la ciudadanía resolver conflictos legales y protegerse contra abusos.
