El Congreso del Estado de México aprobó recientemente reformas al Código Penal para incrementar las penas por abuso sexual, fortaleciendo la protección a víctimas, especialmente menores y personas en situaciones de vulnerabilidad, en respuesta a la creciente incidencia de estos delitos en la entidad.
Este ajuste responde a demandas sociales por mayor rigor judicial, combatiendo la impunidad y priorizando el interés superior de la niñez, en un contexto donde en el país entero se reportan altos índices de violencia de género. Las conductas verbales o físicas no deseadas de connotación lasciva, como piropos insistentes, insinuaciones o miradas sugestivas no son un juego.
Las autoridades locales enfatizan que estas nuevas penas disuaden agresiones y facilitan el acceso a la justicia, posicionando al estado como referente en prevención a nivel nacional. Estos delitos son prioritarios y exacerbados en transporte público y entornos laborales, demandando atención inmediata para reducir impunidad y proteger a quienes más lo necesitan.
Las reformas elevan sanciones hasta 20 años de prisión por abuso sexual infantil cuando el agresor aprovecha custodia, guarda o confianza, eliminando beneficios como suspensiones de pena o sustitutivos penales, incluso para delincuentes primarios. Además, se incluye reparación integral de daños y se clasifica como reincidencia o habitualidad, alineándose con iniciativas previas para violencia sexual digital contra menores, que duplican penas hasta 16 años.
