El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, reforzó su estrategia integral para combatir la trata de personas en la entidad, uno de los delitos más graves por su impacto en mujeres, niñas, niños y adolescentes. La administración mexiquense ha puesto el foco en la prevención, la detección oportuna, la atención a víctimas y la coordinación interinstitucional para frenar este fenómeno en los municipios con mayor vulnerabilidad.
La estrategia se articula desde las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y combina acciones de seguridad, investigación, atención social y trabajo preventivo en territorio. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades reportaron 44 registros de víctimas oficiales y 41 carpetas de investigación, lo que refleja tanto la gravedad del problema como la necesidad de sostener una respuesta permanente.
Uno de los puntos más importantes del diagnóstico es que la trata no afecta por igual a todo el estado. Los reportes oficiales indican que seis municipios del Valle de México concentran más de la mitad de los casos documentados por las autoridades ministeriales, por lo que ahí se han enfocado gran parte de los operativos, patrullajes y filtros de revisión.
La estrategia también contempla vigilancia en corredores de transporte público y de carga, así como reuniones interestatales con entidades vecinas como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guerrero y la Ciudad de México, con el objetivo de cortar rutas utilizadas por redes de explotación y traslado de víctimas.
Además de la parte meramente operativa, el plan estatal apuesta por campañas permanentes de concientización digital para alertar a jóvenes y familias sobre ofertas de trabajo sospechosas, entrevistas en lugares informales o supuestos trámites que terminan siendo mecanismos de captación.
A esto se suma la atención especializada a víctimas mediante instituciones como la CEAVEM (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México), además del acompañamiento psicológico, jurídico y social a través de centros de atención para mujeres en situación de violencia. La idea es que la respuesta no termine en el rescate, sino que continúe con la restitución de derechos y la protección integral de quienes lograron salir de estos delitos.
