El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa del PAN para prohibir la maternidad subrogada comercial, tipificándola como explotación reproductiva con penas de hasta 27 años de prisión.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres propone sanciones de 6 a 12 años de cárcel por ofrecer, promocionar o contratar estos servicios, elevándose a 9 y hasta 18 años si involucran servidores públicos o clínicas. Se agrava hasta 27 años en casos de vulnerabilidad de la gestante, pero protege a la mujer explotada de penalización.
Esta práctica se considera una forma de trata de mujeres que cosifica cuerpos reproductivos, vulnera derechos y prioriza contratos mercantiles sobre el interés superior del niño, disociando la maternidad biológica de la parental. Se añadiría como violencia de género, prohibiendo publicidad e intermediación en salud pública o privada.
Actualmente, la subrogación comercial no está regulada federalmente; está permitida solo en Tabasco y Sinaloa, prohibida en 27 estados como San Luis Potosí y Querétaro. La iniciativa busca uniformar protecciones en Edomex, con programas de prevención y atención a víctimas.
