El fenómeno del despojo de inmuebles en el Estado de México ha cobrado gran visibilidad a partir del caso de Carlota “N”, una mujer de 73 años que se volvió viral tras disparar contra presuntos invasores de su casa en Chalco. Tras la tragedia, muchos otros casos salieron a la luz, hoy caen 11 relacionados con despojos en Edomex: hay funcionarios públicos detenidos.
Aunque hoy Carlota “N” espera recibir sentencia por doble homicidio, evidenció la problemática de ocupaciones ilegales y la falta de respuesta efectiva ante denuncias de despojo, por eso es que las autoridades han tomado cartas en el asunto.
Algunas hipótesis apuntaban a delincuentes operando en connivencia con servidores públicos conformando una red de despojo que, durante años, pasó desapercibido. Se comprobó. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales por su presunta colusión en actividades de despojo. Además se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 11 personas que formaban parte las redes criminales dedicadas al delito de despojo.
Esta problemática, que en 2024 registró casi 5 mil casos en la entidad, ha sido facilitada por redes criminales que operan con la complicidad de funcionarios públicos, notarios y agrupaciones que se hacen pasar por sindicatos. Entre las organizaciones identificadas están grupos autodenominados como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), y el Sindicato 22 de Octubre, que operaban en al menos 14 municipios del Valle de México y zonas aledañas.
El gobierno del Edomex y la FGJEM buscan no solo recuperar las propiedades para sus legítimos dueños, sino también fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y reducir la incidencia de este delito que afecta a miles de familias en la región.