Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible colapsó en Acolman, Estado de México, dejando como saldo a cuatro personas sin vida, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades y medios locales. El hallazgo volvió a poner sobre la mesa los riesgos extremos que implica el huachicol.
El robo de combustible y su comercio representa graves peligros que van desde daños mecánicos hasta tragedias humanas y riesgos de salud pública. El combustible robado suele estar adulterado con agua, aceites usados, solventes industriales o incluso tierra para aumentar el volumen de venta, pero más allá del daño ecónomico que provoca e incluso antes de su venta, miles de vidas están en peligro.
En esta ocasión, el incidente ocurrió en la zona de Santa Catarina, donde se localizó una toma clandestina vinculada a ductos de Pemex. El túnel habría sido excavado desde una vivienda para llegar a la red de hidrocarburos, pero terminó derrumbándose mientras varias personas se encontraban en su interior. Las labores de rescate se realizaron con apoyo de cuerpos de emergencia, autoridades estatales, Guardia Nacional y personal especializado.
Las primeras versiones señalan que cuatro hombres quedaron atrapados dentro del túnel cuando éste colapsó. En algunos reportes se indicó que pudieron haber muerto por inhalación de gases tóxicos o por el propio derrumbe, aunque la versión final quedó en manos de las autoridades que continúan con las investigaciones.
Se informó que el pasadizo tenía una longitud considerable y que conectaba con un ducto de Pemex en una zona rural del municipio. Algunos reportes afirman que se habría recuperado apenas el primer cuerpo, otros aseguran que las cuatro víctimas fueron localizadas horas después de iniciadas las labores de búsqueda.
Este nuevo caso muestra que el huachicol no es solo un delito, sino una actividad de altísimo riesgo. Los túneles clandestinos suelen construirse sin medidas mínimas de seguridad, lo que los vuelve vulnerables a derrumbes, intoxicaciones y explosiones. Cada toma clandestina representa una amenaza no solo para quienes participan en ella, sino también para las comunidades cercanas.
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