El Estado de México registra una caída sostenida en feminicidios desde 2023, y los primeros meses de 2026 confirman que la tendencia a la baja se mantiene, con reducción del 34% en el primer cuatrimestre frente al mismo periodo de 2025.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 20 carpetas de investigación por feminicidio en territorio mexiquense, lo que ubica a la entidad en uno de sus registros anuales más bajos desde 2015.
Solo en el primer cuatrimestre del año (enero–abril) se registraron 15 carpetas, un promedio cercano a un caso por semana, y una reducción del 34% respecto a los 23 casos del mismo lapso de 2025, es decir, ocho feminicidios menos. Pero la tendencia positiva continúa.
Autoridades estatales han atribuido la reducción a una mayor coordinación entre dependencias, municipios y las instancias de justicia, así como al fortalecimiento de medidas de protección y atención a causas estructurales de la violencia. En los últimos años se han implementado operativos focalizados en colonias y espacios de alto riesgo, además de la creación de juzgados especializados con perspectiva de género, como el Juzgado LIBRE del Poder Judicial estatal.
Ahora bien, a pesar de la tendencia favorable, el gobierno estatal mantiene vigentes las Alertas de Violencia de Género en municipios considerados de alto riesgo y ha instruido redoblar acciones de protección a las mujeres, sin reducir la lista de demarcaciones bajo alerta. Para 2026 se aprobó mantener una bolsa de 260 millones de pesos para operar las dos alertas de género, destinando parte de los recursos a la recuperación de espacios públicos.
A la par, el Gobierno de México impulsó una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal en las 32 entidades. La propuesta plantea penas de 50 a 70 años de prisión, contempla 19 agravantes y establece que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio, además de fortalecer derechos de víctimas directas e indirectas.
