La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), desmanteló una presunta organización dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de servidores públicos y figuras políticas, una red que, de acuerdo con las autoridades, operaba al menos desde 2021.
Los delincuentes se hacía pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), funcionarios de la Presidencia de la República, gobernadores, presidentes municipales y otros altos cargos para obtener beneficios económicos o laborales de sus víctimas.
Como resultado de la investigación fueron detenidas cinco personas identificadas como Luis "N", Liliana "N", Luis Samuel "N", Aimee de Guadalupe "N" y Agustín Arturo "N", quienes fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de extorsión y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, según los reportes disponibles.
La investigación señala que la red utilizaba llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, perfiles apócrifos, logotipos oficiales e incluso herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y fabricar conversaciones, con el objetivo de hacer creíble la identidad que asumían.
El esquema iniciaba con integrantes que se presentaban como secretarios particulares o asistentes de funcionarios de alto nivel, con lo que buscaban abrir una conversación y generar confianza entre políticos, servidores públicos y empresarios. Para hacerlo, presuntamente empleaban datos personales, laborales y de relaciones públicas obtenidos previamente, lo que hacía más convincente el contacto inicial.
En una segunda etapa, otra persona simulaba ser el funcionario supuestamente representado y solicitaba dinero, información sensible o favores. Entre los argumentos estaban gestiones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o contratación de servicios. La aparente jerarquía de quien llamaba era el mecanismo central de presión.
El caso ilustra cómo las herramientas digitales pueden potenciar delitos de suplantación. La imitación de voz mediante inteligencia artificial, sumada a datos reales, fotografías oficiales y mensajes con apariencia institucional, puede hacer que una llamada falsa parezca legítima incluso para personas habituadas a tratar con funcionarios o representantes de gobierno.
