El Ayuntamiento de La Paz, en el Estado de México, aprobó finalmente un apoyo económico de 100 mil pesos para Karla, la niña que quedó huérfana en 2019 tras la muerte de su madre, Karina Lizbeth, por una bala perdida presuntamente disparada por un policía municipal.
Con apenas dos años, Karla pasó a custodia de su abuela, Sandra Hamud Pérez, pero el trámite se retrasó más de cuatro años pese a aprobación en 2021. Finalmente, durante la sesión de Cabildo del 5 de marzo de 2026, se decidió entregar el monto vía cheque nominativo a la guardiana legal, con obligación de comprobar su uso exclusivo en beneficio de la menor, como educación o salud.
Esta acción responde a un sentido humano y social, priorizando el desarrollo de niñas en vulnerabilidad, según el gobierno local, alineado con las prioridades del gobierno estatal liderado por Delfina Gómez.
La demora generó quejas de la familia y una investigación de oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) por posible revictimización. La defensa exige responsabilidades al director jurídico municipal por rechazar documentación judicial del Juzgado Mixto de Nezahualcóyotl. Por supuesto, se llegará hasta las últimas consecuencias.
Apoyar a víctimas de violencia en el Estado de México es clave para romper ciclos de impunidad y restaurar la confianza en las instituciones. Darles seguimiento integral no solo acelera la justicia, sino que previene revictimizaciones como en el caso de Karla, no puede volver a pasar.
El monitoreo continuo asegura que ayudas económicas se usen correctamente y eviten dilaciones burocráticas. Esto reduce el 58.5% de violencia reportada en mexiquenses, fortalece denuncias y genera datos para políticas efectivas, como juzgados especializados.
Sin seguimiento, los casos se estancan, perpetuando el trauma para las víctimas en sobrevivientes de violencia que, históricamente, habían vivido en el olvido. Así es como han cambiado las cosas en el Edomex.
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