El Estado de México impulsará reformas para endurecer sanciones contra crímenes de odio, tipificando agravantes como el transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión, respondiendo así a la violencia contra la diversidad sexual en una entidad con al menos 16 casos documentados en 2020.
La diputada Luisa Esmeralda Navarro (de Morena) lidera esta iniciativa, alineada con fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminaron cadena perpetua pero exigen protección efectiva.
La reforma modificaría el Código Penal para reconocer móviles discriminatorios por orientación sexual, identidad de género o expresión, agravando penas en un tercio si la víctima es menor o el agresor servidor público.
Ya fue aprobada en comisiones en noviembre pasado y busca visibilizar 590 asesinatos transnacionales y generar estadísticas confiables en el Estado de México. Ahora, el Congreso local analiza su aprobación para 2026.
Lograría reducir la impunidad en homicidios clasificados erróneamente como "pasionales", protegiendo a millones de habitantes en condiciones vulnerables. Complementa además avances de Delfina Gómez en los rubros de seguridad policial y anticorrupción, fomentando inclusión y justicia con perspectiva de género.
