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La Operación Caudal es ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, junto con autoridades estatales y federales, con el objetivo de desarticular redes de extracción ilícita de agua (o "aguachicoleo") en al menos 48 municipios de la entidad. Esta vez, GEM asegura 322 pipas irregulares, regulariza distribución de agua.
El operativo, liderado por el Gobierno del Estado de México (GEM) ha permitido la clausura de 189 puntos de extracción ilegal, incluidos 51 pozos clandestinos y 138 tomas irregulares, así como el aseguramiento de cientos de pipas y vehículos usados para el tráfico del líquido vital.
Aunque el cierre de estos pozos ha generado una crisis temporal en la disponibilidad del vital líquido, especialmente para sectores acostumbrados a abastecerse de pipas privadas, el Gobierno del Estado de México ha anunciado que existe un plan para atender cualquier contingencia, y que los pozos oficiales continúan operando normalmente.
El GEM refrenda su compromiso con la legalidad del agua y la justicia hídrica, buscando que las pipas tengan una fuente lícita y cumplan con las normas sanitarias para transportar agua potable. No se trata de una cacería, sino de poner orden en la gestión y distribución del agua para beneficiar a la población y evitar abusos.
Las pipas irregulares de agua no cuentan con permisos oficiales ni placas visibles que las acrediten como unidades de distribución autorizadas por las autoridades hidráulicas estatales o federales. Por supuesto, se abastecen de pozos clandestinos o tomas ilegales, donde las conexiones y ductos de llenado suelen parecer improvisados.
Además, muchas pipas no cumplen con normas sanitarias para el transporte de agua potable, poniendo en riesgo la calidad del agua vendida, además, a sobreprecio. Algunas pertenecen a redes irregulares que extraen agua sin concesión o más allá de los volúmenes autorizados. De ahí que asegurarlas es prioridad para el Gobierno del Estado de México.
