El Gobierno del Estado de México aprobó un incremento en los apoyos destinados a víctimas indirectas de feminicidio y a familiares de personas desaparecidas, mediante los programas Valentina y Canasta Alimentaria, con el objetivo de fortalecer la atención económica y social a quienes enfrentan las consecuencias de estos delitos.
La medida busca atender principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el feminicidio o la desaparición de un familiar. Los apoyos forman parte de una estrategia estatal vinculada con las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición.
El programa Valentina contempla una ayuda económica mensual para mujeres, jóvenes y personas adultas mayores que son víctimas indirectas de feminicidio o desaparición. En 2026, el apoyo alcanza hasta 4 mil pesos mensuales, de acuerdo con la información publicada sobre las reglas y convocatorias del programa.
Por su parte, el programa Canasta Alimentaria brinda respaldo en especie a las familias beneficiarias, con el propósito de contribuir a la alimentación y reducir parte de la presión económica que enfrentan después de la pérdida o ausencia de un integrante.
El Gobierno estatal informó que el presupuesto destinado a estos programas registró un aumento significativo: 77% para Valentina y 97.2% para Canasta Alimentaria.
Los apoyos están dirigidos a personas que acrediten una situación de victimización indirecta derivada de un feminicidio o una desaparición. Entre los posibles beneficiarios se encuentran:
- Hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
- Madres, padres y familiares dependientes de personas desaparecidas.
- Mujeres, jóvenes y personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.
- Familias que requieren respaldo alimentario y económico durante los procesos de búsqueda o atención jurídica.
Las convocatorias establecen los requisitos, documentos y procedimientos que deben cumplir las personas interesadas. También contemplan criterios relacionados con la residencia en el Estado de México y la acreditación del vínculo familiar o de la condición de víctima indirecta.