El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, ha reforzado de manera visible su compromiso con la reparación integral a las personas que han sufrido delitos, especialmente en casos de feminicidio, desaparición y otros delitos de alto impacto.
En los últimos años, se ha incrementado la inversión en programas de apoyo económico, acompañamiento psicosocial y atención especializada, con el objetivo de que las víctimas dejen de ser parte de la "estadística" y pasen a ser sujetos de derechos con respuestas concretas del Estado.
Cuando una persona o su familia sufre un delito, el impacto implica dolor, miedo, pérdida de estabilidad económica y, en muchos casos, el inicio de una larga batalla por justicia y reconocimiento. Por eso, la manera en que el Estado se acerca a las víctimas no es un gesto de caridad, sino una obligación de derechos humanos.
Muchas familias no conocen sus derechos, por lo que la prioridad es mayor difusión y acercamiento desde municipios y colonias. Ahora bien, la reparación económica puede aliviar el sufrimiento inmediato, pero no remplaza la certeza de que el caso se investigue con seriedad y se castigue a quienes cometen delitos de alto impacto.
El mensaje del Gobierno del Estado de México es claro: las víctimas de delitos, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, ya no serán invisibles en el sistema. El siguiente paso será que este aumento de apoyos vaya acompañado de una reducción real de la violencia, para que en el futuro existan menos personas que necesiten entrar a un programa de atención a víctimas.
