El Estado de México cuenta con 21 centros penitenciarios que albergan a 35 mil 761 personas privadas de la libertad, superando en 148% su capacidad de 14 mil 417 plazas, lo que lo posiciona como el sistema más saturado del país. Por eso, inicia Edomex ampliación de cárceles.
Esta sobrepoblación genera hacinamiento extremo, vulnerando derechos humanos y obstaculizando la reinserción social. El sistema penitenciario busca fortalecer la prevención del delito y la readaptación mediante educación, trabajo y políticas públicas.
La Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad de la entidad prioriza la ejecución de penas, estabilidad institucional y reinserción para reducir reincidencia. Objetivos clave incluyen capacitar a internos en valores, trabajo y educación, además de apoyo post-penal a liberados. Cumple la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigilando prisión preventiva y medidas de seguridad.
Ahora bien, dado que el hacinamiento fomenta violencia, motines, corrupción y enfermedades, la entidad urgía mayor inversión en infraestructura, en el Presupuesto de Egresos del Paquete Fiscal 2026 se consideró un aumento del Sistema Penitenciario para el Edomex de 11%, pasando de 4 mil 934 millones a 5 mil 489 millones de pesos.
Este incremento de 555 millones responde al crecimiento de la población carcelaria, de modo que los recursos impulsarán ampliaciones en centros como Nezahualcóyotl para combatir el hacinamiento crónico. El presupuesto diario equivale a unos 15 millones de pesos, enfocados en infraestructura, seguridad y equipamiento para custodios.
Las iniciativas en este rubro incluyen la ampliación de penales con procesos transparentes y visitas mediáticas para rendir cuentas. Esto fortalece la Subsecretaría de Control Penitenciario ante un alza de 2 mil 500 internos en el último año.
La ampliación de cárceles inicia este 2026 con recursos ya asignados, prometiendo mayor capacidad y operatividad. Autoridades de la entidad enfatizan una total transparencia en licitaciones para optimizar el uso público de fondos. Esto representa un avance clave en el sistema penitenciario mexiquense.
