La promulgación de la Ley Ingrid en el Estado de México marca un gran avance en la protección de la privacidad de las víctimas de agresiones. Más allá de su origen en el caso lamentable como el de Ingrid Escamilla, esta ley trasciende, por establecer consecuencias severas para quienes filtren o difundan imágenes sensibles.
Lametablemnete Ingrid Escamilla, fue asesinada en la Ciudad de México por su pareja Erick Francisco Robles Rosas, y cuyas imágenes gráficas fueron difundidas tras su asesinato en febrero de 2020.
Ahora, gracias a esta ley, las penas definidas por la difusión de material son contundentes: de cuatro a ocho años de prisión y multas significativas para quienes infrinjan esta normativa al divulgar contenido audiovisual o fotográfico de víctimas.
Reconociendo la gravedad de la situación, las sanciones se intensificarán hasta un 50% más cuando se trate de víctimas vulnerables, incluyendo mujeres, niños, adolescentes o personas en situaciones de riesgo.
Más allá de ser una reforma legal, la Ley Ingrid busca salvaguardar y proteger la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas. Con esta ley se busca erradicar la exposición innecesaria y despiadada de la intimidad de aquellos que ya han sufrido un daño irreparable.
Además, se busca también responsabilizar a los servidores públicos que acceden a información sensible, imponiendo consecuencias legales si participan en la difusión indebida de dichos datos. Es un llamado a la integridad y la responsabilidad en todos los eslabones de la cadena de justicia.
La Ley Ingrid es un recordatorio de que la difusión irresponsable de imágenes o datos sensibles no solo es ilegal, sino una ofensa a la humanidad misma.
