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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha asegurado más de mil inmuebles relacionados con denuncias de despojo durante 2025 como parte de la "Operación Restitución". En este operativo, que inició en abril y se realiza en coordinación con fuerzas federales y estatales, se han recuperado casas habitación, predios y algunos locales comerciales.
Se trata de mil 114 propiedades en 63 municipios, de las cuales 627 ya fueron devueltas a sus legítimos dueños tras acreditar legalmente la posesión. Solo en el periodo del 1 al 9 de noviembre se aseguraron 36 inmuebles en 14 municipios, destacando que la Fiscalía continúa recibiendo documentación para continuar con la restitución de propiedades.
Este operativo no solo busca combatir el delito de despojo sino también dar certeza jurídica y devolver el patrimonio a las familias afectadas. La acción forma parte de una estrategia estatal más amplia para la restitución de propiedades y el combate contra la ilegalidad, con trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.
Y es que el despojo de inmuebles es uno de los delitos que ha generado gran preocupación en el Estado de México durante el último año, alcanzando cifras significativas y movilizando una respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno para combatir este problema y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.
El despojo en Edomex tiene múltiples raíces que van desde la vulnerabilidad de propietarios que no tienen títulos claros o documentos en regla, hasta la actuación de grupos organizados que aprovechan la falta de seguridad y el tráfico irregular de propiedades para apropiarse de bienes. También influyen factores sociales como la falta de información sobre derechos patrimoniales, la corrupción y las deficiencias en los mecanismos legales para proteger a los ciudadanos.
Tiene múltiples raíces que van desde la vulnerabilidad de propietarios que no tienen títulos claros o documentos en regla, hasta la actuación de grupos organizados que aprovechan la falta de seguridad y el tráfico irregular de propiedades para apropiarse de bienes. También influyen factores sociales como la falta de información sobre derechos patrimoniales y la corrupción.
