Recientemente, el Congreso de la Unión dio luz verde a una serie de ajustes en el Presupuesto de Egresos para el año 2026, un proceso clave para garantizar que los recursos públicos se asignen de manera eficiente y respondan a las prioridades sociales, económicas y de infraestructura del país. Esto es lo que pasará en el Estado de México a partir del próximo año.
Los ajustes al presupuesto son modificaciones a las partidas originalmente aprobadas para el año fiscal, con el objetivo de optimizar la distribución del gasto público. En esta ocasión, se aprobaron reorientaciones que buscan fortalecer sectores prioritarios como la educación, la salud, y la seguridad, además de impulsar proyectos estratégicos de desarrollo regional.
Esta propuesta financiera que destaca por su compromiso de no recurrir a la contratación de deuda pública. Esta decisión marca un paso importante hacia un manejo responsable y sostenible de las finanzas estatales. El Edomex planea financiar sus proyectos y gastos exclusivamente con los recursos propios, ingresos tributarios, participaciones federales y excedentes disponibles.
Algunos otros de los cambios más relevantes que llaman la atención:
- Incremento en inversión social: Mayor presupuesto para programas de apoyo a comunidades vulnerables y educación básica.
- Recursos para infraestructura: Fondo especial para obras públicas en zonas urbanas y rurales.
- Fortalecimiento de la seguridad: Aumento en el gasto destinado a la capacitación y equipamiento de fuerzas de seguridad.
- Ajustes en gasto corriente: Optimización de recursos en áreas administrativas para mejorar la eficiencia.
Con este impulso presupuestal, el gobierno estatal busca no solo responder a la creciente demanda de seguridad, sino también generar confianza entre la ciudadanía, mejorando la percepción y la realidad del entorno donde vive y trabaja la gente.
La asignación de estos recursos irá acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los fondos se utilicen eficientemente y se enfoquen en resultados concretos. La participación social será fundamental para la vigilancia y evaluación de estas acciones.
