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Se trata de una acción coordinada y sin precedentes en el Estado de México para combatir el robo, la extracción, sobreexplotación, acaparamiento, distribución y venta ilegal de agua potable. Así opera la Operación Caudal en Edomex.
Con la participación de autoridades estatales, federales y municipales, incluyendo la Fiscalía General del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las secretarías de Defensa y Marina, Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua del Estado de México y corporaciones policiacas municipales, logró darse el primer gran golpe coordinado contra el huachicoleo de agua en el país.
El operativo se llevó a cabo de manera simultánea en 48 municipios del Estado de México, entre ellos municipios importantes como Ecatepec, Chalco, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl. Durante la acción se intervinieron más de 160 pozos y tomas clandestinas de agua, además de asegurar más de 250 pipas y vehículos para transporte de agua que presuntamente estaban vinculados con redes ilícitas dedicadas a la venta ilegal de agua.
Inició la madrugada del viernes 24 de octubre con cateos y aseguramientos en 189 inmuebles relacionados con esta actividad ilegal y se detuvo a varias personas involucradas. La fiscalía de la entidad identificó la participación de organizaciones sociales autodenominadas como sindicatos en estas actividades de comercio ilícito de agua.
El objetivo principal es interrumpir la cadena del comercio ilícito del vital líquido, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro de agua potable en la región, atendiendo también denuncias ciudadanas y expedientes de investigación. Las autoridades aseguraron que las intervenciones no afectarán el funcionamiento de la infraestructura oficial del agua en la entidad.
Es prioridad para el gobierno local y federal, pues el huachicoleo de agua agrava la crisis hídrica afectando la disponibilidad y el acceso equitativo al agua para uso doméstico y público, además, provoca daños ambientales por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y afecta la infraestructura hídrica oficial. También representa un reto para la seguridad pública, ya que estas actividades ilegales suelen estar vinculadas con violencia y corrupción.
