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La Operación Enjambre en el Estado de México es un operativo conjunto iniciado el 22 de noviembre de 2024 para desarticular redes de apoyo al crimen organizado infiltradas en funcionarios públicos municipales. Ahora, sentencian a 7 expolicías en Edomex a 47 años de prisión.
Este operativo, que ha contado con el despliegue de más de mil 500 elementos federales y estatales, entre ellos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, y policías estatales, ha resultado en la detención de alrededor de 59 personas entre exfuncionarios, políticos en funciones, policías municipales y otros presuntos criminales.
Los detenidos están acusados de delitos como homicidio, secuestro exprés, extorsión y colaboración con grupos criminales como La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, Nuevo Imperio y la Anti-Unión Tepito. Además, se ha documentado que algunos funcionarios usaban sus cargos para extorsionar a negocios locales, cobrando "derecho de piso".
La Operación Enjambre ha significado un avance importante en la lucha contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el Estado de México. Una sentencia reciente destaca la condena a 7 expolicías de Nicolás Romero ligados a homicidio y otros delitos ocurridos en el contexto de esta operación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha seguido investigando casos relacionados y dando resultados notorios en términos de justicia y seguridad pública. Estos exservidores públicos fueron sentenciados a 47 años y 6 meses de prisión tras ser declarados culpables del delito de homicidio.
Estos exuniformados, fueron responsabilizados por un ataque ocurrido el 9 de febrero de 2024 en la colonia La Libertad, donde una persona fue asesinada por un grupo armado que llegó en dos vehículos y abrió fuego contra la víctima. Los sentenciados son Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.
Además de la condena, sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. La Operación Enjambre continúa con investigaciones para esclarecer otros delitos cometidos por servidores públicos y ex funcionarios en la región, enviando un mensaje claro de combate a la corrupción y la impunidad en el Estado de México.
