El Gobierno del Estado de México, a través de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), ejecuta la Operación Caudal para combatir la extracción y distribución ilegal de agua, asegurando pozos clandestinos, pipas y tomas irregulares en municipios clave del corredor metropolitano.
Se trata de una estrategia interinstitucional con autoridades federales y estatales, que busca regular el comercio ilícito que agota acuíferos y encarece el servicio, el llamado "aguachicol".
En su segunda fase, se intervinieron 200 puntos en 48 municipios como Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Zumpango, Tultitlán, Huixquilucan y Teotihuacán, asegurando 322 pipas, 51 pozos ilegales y 138 tomas, con 7 detenidos en flagrancia.
En la Operación Caudal se persiguen líderes sindicales con fachada delictiva y servidores públicos cómplices, garantizando suministro legal y equitativo del vital líquido. Evita sobrecostos (de hasta 60%) y desvíos a CDMX, protegiendo hogares, hospitales y comercios en Edomex oriente.
La operación aseguró puntos de extracción ilegal de agua en municipios como Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Zumpango, Tultitlán, Huixquilucan y Teotihuacán, donde se intervinieron 189 sitios con 62 pozos clandestinos, 76 tomas ilegales, dos pensiones y 10 lugares mixtos operados por grupos delictivos con fachada sindical, además de 322 pipas confiscadas y siete detenidos vinculados a proceso.
Iniciada en octubre 2025, la Operación Caudal garantiza, junto con FGJEM, Conagua, CAEM y fuerzas federales, suministro legal del agua sin afectar la infraestructura oficial. Así se evita el acaparamiento que agravaba la escasez del vital líquido.
Grupos disfrazados de sindicatos "ordeñan" ductos y perforan pozos no autorizados, agotando reservas subterráneas que tardan décadas en recargarse, lo que reduce la presión en sistemas públicos como CAEM y genera hundimientos diferenciales en la ZMVM. Esta operación pone un alto a este círculo vicioso y protege el recurso para quienes más lo necesitan, de manera equitativa y legal.
