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Pide Delfina Gómez a municipios ejercer dinero público con legalidad y transparencia

La mandataria subrayó que la fiscalización debe verse como una herramienta para fortalecer el desempeño.

Foto: Redes

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llamó a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a ejercer el dinero público con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, al encabezar la apertura de auditorías integrales a recursos del gasto federalizado. El mensaje fue claro: cada peso debe traducirse en obras, programas y acciones reales para la población.

La mandataria subrayó que la fiscalización no debe verse como un trámite administrativo, sino como una herramienta para fortalecer el desempeño institucional y combatir la corrupción. En ese sentido, recordó que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben administrarse bajo normas claras, con apego a la ley y con resultados verificables.

El Estado de México se convirtió en la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación inició auditorías integrales a los recursos del gasto federalizado, lo que coloca al estado como punta de lanza nacional en materia de revisión del uso de recursos públicos.

Este esquema busca revisar de manera más completa cómo se planea, ejerce y comprueba el dinero que llega a los municipios, con el fin de reforzar la transparencia y prevenir irregularidades desde el origen del gasto. Estas acciones iniciadas en Toluca marcan un hito histórico al lograr una cobertura acumulada en los 125 municipios mexiquenses.

Delfina Gómez insistió en que la legalidad y la rendición de cuentas deben distinguir a los gobiernos de la transformación. Bajo esa lógica, los ayuntamientos no solo tienen la obligación de gastar, sino de demostrar con claridad en qué, cómo y para qué se usa cada recurso.

La postura de la actual administración también va en línea con los convenios y mecanismos de colaboración que el gobierno estatal ha impulsado con los municipios para fortalecer auditorías, supervisión y contraloría social. La idea es que la vigilancia no recaiga solo en las instituciones, sino también en la ciudadanía.


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