La secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar Gil, presentó ante el Congreso local los resultados del tercer año de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En su comparecencia, destacó acciones de fiscalización, auditorías, sanciones y mecanismos de participación ciudadana para vigilar el uso de recursos públicos.
La Contraloría reportó más de 2 mil 400 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, derivadas de la resolución de más de 3 mil 900 expedientes. De estas sanciones, mil 365 fueron amonestaciones, 470 suspensiones de hasta 30 días, 12 destituciones y 591 inhabilitaciones.
Además, 120 expedientes por presuntas faltas administrativas graves fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, instancia encargada de resolver esos casos. La dependencia también reportó la resolución de más de 8 mil 900 testificaciones y la realización de más de 5 mil 600 reuniones de órganos colegiados.
En materia de fiscalización, se realizaron cerca de 22 mil acciones de control y evaluación, incluidas casi mil 200 auditorías financieras, administrativas, de obra pública, integrales y de desempeño. De estas revisiones derivaron 2 mil 831 observaciones: mil 718 relacionadas con mejoras de control interno y mil 113 vinculadas con posibles irregularidades administrativas.
De las observaciones vinculadas con posibles irregularidades, 497 fueron solventadas y 616 remitidas a investigación, según los reportes disponibles. La Contraloría también realizó 78 inspecciones y más de 900 pruebas para evaluar la calidad, seguridad y resistencia de materiales utilizados en obras públicas.
La dependencia informó que se integraron más de 9 mil 300 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, con la participación de más de 28 mil contraloras y contralores sociales. Estos comités dan seguimiento a obras públicas y programas sociales en sus comunidades.
El Sistema de Denuncias recibió más de 21 mil registros, de los cuales 14 mil 900 se formalizaron como denuncias y fueron canalizados a las autoridades competentes o incorporados a investigaciones en curso. La funcionaria también pidió fortalecer las facultades de la Contraloría para sancionar faltas graves.
