La gobernadora Delfina Gómez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, recibida ayer, 12 de enero de 2026. Pero ¿en qué consiste exactamente?
Esta propuesta busca regular integralmente la prevención, persecución y sanción de la extorsión, un delito que afecta gravemente la economía y seguridad en el Edomex. Fortalecerá instituciones locales para erradicar prácticas como el cobro de piso en comercios y zonas metropolitanas.
En el Estado de México, donde cinco de cada 10 negocios sufren extorsiones con pérdidas de miles de millones, esta ley impulsará políticas transversales para reducir el impacto económico (21 mil millones anuales reportados nacionalmente) y recuperar la confianza ciudadana, alineándose con prioridades de seguridad vial y movilidad como el nuevo Reglamento de Tránsito.
La ley propone una Fiscalía Central Especializada en Extorsión, Secuestro y Delitos Vinculados, con personal capacitado y evaluado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluye tipificación clara del delito, agravantes para víctimas vulnerables (menores, migrantes, embarazadas y adultos mayores) y coordinación con la Ley General federal aprobada en 2025.
En esta propuesta también se enfatiza en mecanismos de denuncia segura, protección a testigos y reparación del daño, homologando criterios nacionales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. La extorsión representa una amenaza grave para la economía y la seguridad en el Estado de México y el país entero, por eso el gobierno estatal y nacional urgen medidas contra este delito.
Solo en 2025, la extorsión generó demandas por más de 500 millones de pesos solo en Edomex, erosionando el patrimonio familiar y frenando inversiones en pymes y mercados locales. Este delito impacta directamente la productividad, elevando costos operativos y desincentivando el comercio ambulante y formal en áreas metropolitanas con alta movilidad hacia la CDMX.
