El Gobierno del Estado de México (GEM) presentó una iniciativa de ley para prevenir, atender y sancionar el trabajo infantil, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar su permanencia en el sistema educativo.
La propuesta, que incorpora las aportaciones de mil 35 menores que participaron en foros de consulta, contempla reformas a tres ordenamientos estatales: la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código Penal del Estado de México.
La iniciativa propone incorporar en el Código Penal un artículo que establezca que "comete el delito de explotación laboral infantil por sí o por interpósita persona, quien utilice, obligue, induzca, facilite o se beneficie del trabajo de la niñez y adolescencias, cuando afecte su salud física o mental, limite, obstaculice o impida su acceso o permanencia en el sistema educativo, atente contra su dignidad o desarrollo integral o se realice en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas".
La iniciativa plantea una reforma integral que modifica tres ordenamientos estatales para crear un marco jurídico completo contra el trabajo infantil:
1. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se propone incorporar un nuevo capítulo dedicado a la prevención y atención del trabajo infantil, que establezca:
- Definición clara de trabajo infantil y sus peores formas.
- Mecanismos de detección oportuna de factores de riesgo.
- Protocolos de atención para menores en situación de trabajo.
- Medidas para la restitución de derechos vulnerados.
2. Ley de Educación. La reforma a la Ley de Educación busca fortalecer las acciones para:
- Prevenir el abandono escolar derivado del trabajo infantil.
- Garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
- Reincorporar educativamente a quienes hayan desertado por causas laborales.
- Brindar apoyos económicos y sociales para facilitar la continuidad educativa.
3. Código Penal del Estado de México. Una de las modificaciones más importantes es la tipificación del delito de explotación laboral infantil, con sanciones que incluyen:
- De 3 a 6 años de prisión para quienes incurran en este delito.
- Hasta 9 años de prisión cuando existan agravantes, como:
Que la víctima sea menor de 15 años.
Que padezca alguna discapacidad.
Que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena.
Que se encuentre en condición de pobreza, marginación o exclusión social.
Que el responsable sea alguno de los padres, parientes, tutores o la persona que ejerza la custodia de la víctima.
La propuesta se estructura en cuatro ejes fundamentales para abordar el problema del trabajo infantil de manera integral: prevención, atención y restitución, educación y coordinación institucional.
