El Estado de México registró disminuciones en nueve de 10 delitos de alto impacto durante un periodo de 12 meses analizado hasta septiembre de 2026, en comparación con el periodo anterior. De acuerdo con autoridades estatales y la organización Campeones de Seguridad, los avances se vinculan con la integración de inteligencia artificial, videovigilancia y análisis de datos en el C5.
Entre los principales avances destacan la reducción del robo de vehículos (-45.7%), robo a casa habitación (-43.0%), extorsión (-41.7%) y secuestro (-41.7%).
También se registraron bajas en homicidios (-33.2%), feminicidio (-17.7%), robo a negocio (-13.3%) y violación (-10.2%). En contraste, la violencia familiar fue el único indicador que aumentó, con un alza de 5.4%.
El C5 estatal incorporó "CeCi", un asistente virtual con inteligencia artificial para videovigilancia en tiempo real, reconocimiento facial, identificación de vehículos con reporte de robo y monitoreo de casos de violencia de género.
También se utiliza "Kalan", una plataforma que interconecta más de 30 mil cámaras del sector privado con las 20 mil del estado, integrando una red de 50 mil dispositivos. A esta infraestructura se suma "K5", un robot diseñado para acompañar las labores de los equipos de seguridad en campo.
La inteligencia alimentada por el C5 apoya estrategias como el Mando Coordinado Oriente, enfocado en 15 municipios que concentran el 58% de la incidencia delictiva estatal. En esta estrategia participan SEDENA, Guardia Nacional, SEMAR, policía estatal y corporaciones municipales.
También se implementó la Operación Otomí, centrada en la revisión de motocicletas, tras detectar que el 59 por ciento de los homicidios dolosos involucraba este tipo de vehículos con dos tripulantes.
La estrategia de coordinación metropolitana con la Ciudad de México integra casi 7 mil cámaras compartidas en zonas limítrofes y operativos espejo para rastrear y asegurar vehículos utilizados en actividades ilícitas.
La integración de evidencia en video e identificación vehicular busca fortalecer la judicialización y evitar la llamada “puerta giratoria”, es decir, la liberación inmediata de presuntos delincuentes por deficiencias en la integración de los expedientes.
