El Estado de México endureció las reglas para vigilar las descargas de aguas residuales que realizan empresas, comercios y establecimientos hacia las redes de drenaje. Las nuevas disposiciones obligan a los responsables de actividades no domésticas a tramitar permisos, revisar periódicamente la calidad del agua y cumplir con límites específicos para evitar la contaminación de ríos, suelos, mantos acuíferos y plantas de tratamiento.
Las medidas están dirigidas a establecimientos industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, acuícolas, recreativos y a cualquier actividad distinta del uso habitacional. El objetivo es que los municipios cuenten con herramientas más claras para identificar descargas irregulares y actuar antes de que provoquen daños ambientales o afectaciones a la infraestructura hidráulica.
Las empresas deberán contar con un permiso municipal de descarga al drenaje antes de comenzar sus operaciones o cuando modifiquen el tipo y volumen de aguas residuales que generan. El documento deberá especificar las características de la descarga, el punto de conexión, el volumen estimado y las condiciones que debe cumplir el establecimiento.
La obligación también alcanza a negocios que quizá no se consideren industrias, pero que generan aguas con grasas, sustancias químicas, detergentes, metales u otros contaminantes. Esto incluye talleres, restaurantes, lavanderías, hospitales, fábricas, rastros, establecimientos agropecuarios y centros recreativos.
El nuevo esquema plantea una vigilancia permanente. Los permisionarios deberán realizar análisis de sus aguas residuales de manera mensual y conservar los resultados para presentarlos cuando las autoridades los soliciten. Estos estudios permitirán comprobar si las descargas cumplen con los parámetros establecidos en el permiso y en las normas ambientales aplicables.
Las nuevas disposiciones prohíben descargar directamente al drenaje sustancias como gasolina, aceites, pinturas, solventes, combustibles, residuos tóxicos y materiales inflamables. Estos productos pueden dañar las tuberías, afectar las plantas de tratamiento y llegar a cuerpos de agua o al subsuelo.
La prohibición también busca impedir que las redes de drenaje sean utilizadas como una vía para deshacerse de residuos peligrosos. Las empresas deberán contratar servicios autorizados para recolectar, transportar y disponer correctamente este tipo de materiales.
