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El delito de extorsión en el Estado de México es un problema grave que afecta a comerciantes, ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad. Las sanciones van de 6 a 15 años de prisión para quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio ilícito, gracias a su ejecución tras denuncias oportunas, registra extorsión el nivel más bajo en Edomex desde 2018.
Estas penas pueden aumentar hasta 20 años si el responsable se hace pasar por miembro de un grupo delictivo o si es servidor público. En casos agravados, como cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, o si existe violencia, cobro de cuotas ilegales o relación de confianza entre victimario y víctima, las penas pueden llegar hasta 70 años o incluso prisión vitalicia. Además, la legislación contempla multas económicas significativas.
Afortunadamente, en 2025, el Estado de México ha logrado una disminución cercana al 30% en los casos de extorsión, resultado de una coordinación entre autoridades y un llamado constante a la denuncia ciudadana. El Congreso local y federal están trabajando en reformas que homologuen y amplíen las penas a nivel nacional,
Para ser exactos, la entidad registra el nivel más bajo de extorsión desde 2018, con una reducción del 29.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso notable es resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal, dirigida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que incluye operativos focalizados y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su parte, ha reforzado la presencia de seguridad en diversas regiones de la entidad y ha promovido la denuncia anónima a través del número telefónico 089, disponible las 24 horas para reportar intentos de extorsión sin revelar datos personales. Este esfuerzo conjunto ha sido clave para alcanzar estos niveles mínimos históricos.
