Una mujer otomí que fue privada de su libertad de manera injusta, salió la tarde del miércoles, para reintegrarse a la sociedad tras llevar casi dos años de reclusión. Sin embargo, seguirá llevando su proceso legal desde casa.
El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reintegró a María Guadalupe González Martínez, quien había sido privada de su libertad desde el pasado 4 de julio 2022 en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez.
La mujer, perteneciente a la etnia otomí, obtuvo su libertad debido a los argumentos expuestos por su abogado del Instituto de la Defensoría Pública (IDP) dependiente de la Consejería Jurídica, quien solicitó la revisión de medida cautelar, la cual fue modificada por la colocación de localizador electrónico, conocido como brazalete.
¿Qué fue lo que sucedió realmente?
María Guadalupe estuvo recluida por acusaciones de feminicidio en grado de tentativa y secuestro en contra de la actual pareja del padre de sus hijos, luego de que ella solicitara el pago de la pensión alimentaria para sus descendientes.
Durante este tiempo, María Guadalupe contó con el respaldo de su familia, que solicitó la intervención de la Gobernadora Delfina Gómez, durante la Segunda Sesión Itinerante de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde la Consejería Jurídica conoció del tema e instruyó revisar el expediente para impulsar una justicia humanista que privilegie el contexto.
Ahora, la mujer originaria del Llano de Y, en Temoaya, podrá llevar su procedimiento en libertad por el delito de secuestro en agravio de persona de identidad reservada.
Este acto contribuye a la aplicación del Proyecto Prioritario “Garantizar la revisión gratuita y exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de su libertad”, contenido en el eje transversal 2: Construcción de la Paz y la Seguridad, del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.
El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, a través de la Consejería Jurídica, fortalece una justicia práctica, pronta y expedita de los pueblos originarios de la entidad y reafirma su vocación de garantizar su dignidad y la protección de sus Derechos Humanos.
