La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha reforzado el combate a la extorsión como una política de Estado, reiterando este compromiso desde la ciudad de Querétaro, en el marco de encuentros con autoridades de seguridad y gobiernos de otras entidades federativas.
En su mensaje, subrayó que la extorsión no solo afecta a las familias mexicanas (y, por supuesto, mexiquenses), sino que también daña la economía local, frena la inversión y debilita la confianza en las instituciones, por lo que su atención debe ser permanente, no circunstancial.
Delfina Gómez dejó claro que la estrategia en Edomex va más allá de resolver casos puntuales: se trata de una política integral que articula inteligencia, fiscalía, policías estatales y municipales, así como la participación de la ciudadanía. La idea central es desmantelar las redes extorsionadoras, romper vínculos de complicidad y proteger, en especial, a pequeños comerciantes, transportistas, vecinos de zonas de alta presión delictiva y trabajadores.
No es la primera vez que la mandataria mexiquense envía un mensaje que deja clara la colaboración y coordinación federal–estatal: la lucha contra la extorsión no puede quedar solo en el ámbito local, sino que requiere protocolos unificados, intercambio de información y mejores prácticas entre estados.
Para el Estado de México, este tipo de estrategias se traducen en una mayor presión sobre los grupos criminales, más acompañamiento a las víctimas, y un esfuerzo permanente por acercar canales de denuncia, atención psicológica y apoyo jurídico a quienes han sido sometidos a chantaje o amenazas.
La extorsión debe verse como un delito central que debe ser combatido con todo el peso de la política pública, la tecnología, la colaboración ciudadana y la coordinación institucional. Quienes operan en el Estado de México, lo hacen también en otras entidades, no es trabajo de un solo estado.
