El Estado de México avanza en la construcción de una nueva estrategia para enfrentar la tala ilegal, un problema que afecta de manera directa a los bosques, a las comunidades rurales y al equilibrio ambiental de la entidad. Desde el Congreso local y con apoyo de distintas instancias gubernamentales, se impulsa un esquema de coordinación para fortalecer la vigilancia, la inteligencia operativa y la protección forestal.
La propuesta busca responder a una problemática que por años ha golpeado zonas boscosas clave, especialmente en regiones cercanas al llamado Bosque de Agua, donde confluyen intereses ambientales, territoriales y de seguridad. La estrategia contempla acciones conjuntas entre autoridades estatales, federales y municipales para identificar a los grupos dedicados a la extracción ilegal de madera y frenar su operación.
Uno de los puntos centrales de esta estrategia es la coordinación entre dependencias. Las acciones previstas incluyen el trabajo conjunto de fiscalías, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Profepa, la Guardia Nacional y otras instituciones con atribuciones en vigilancia forestal y combate al delito ambiental.
Además, la nueva visión plantea reforzar la presencia del Estado en zonas críticas mediante bases de operación interinstitucional y mecanismos de inteligencia que permitan detectar rutas, actores y redes vinculadas con la tala clandestina. La intención es pasar de una respuesta reactiva a una política más preventiva y focalizada.
Ya el Estado de México colabora formalmente con la Ciudad de México, Morelos y, recientemente, Michoacán, bajo el respaldo de dependencias federales en la conservación del Bosque de Agua, y es que esta infraestructura natural alimenta 11 acuíferos esenciales. Sus suelos volcánicos y porosos filtran el 70% del agua consumida en la CDMX, y casi el 100% de la que usan Toluca y Cuernavaca.
La tala ilegal de árboles en el Estado de México representa una de las mayores amenazas ambientales y de seguridad en la región central del país, destruyendo aproximadamente 2 mil 400 hectáreas de bosques al año dentro del Bosque de Agua. Esta problemática se concentra en municipios clave del suroeste y poniente mexiquense, como Ocuilan, Ocoyoacac, Xalatlaco, Huixquilucan y Zinacantepec.
