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En el Estado de México, el transporte público ha experimentado un aumento en sus tarifas que entró en vigor a partir de este mes de octubre y ha causado todo tipo de reacciones. Ahora, activistas interponen amparo por alza en el transporte público en Edomex.
Este incremento, que afecta principalmente a los autobuses, combis y taxis colectivos, responde a factores como el aumento en los costos de combustible, mantenimiento de las unidades y la necesidad de mejorar el servicio para los usuarios.
El Gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades municipales y concesionarios del transporte, anunció esta alza con el objetivo de equilibrar la operación económica de las rutas sin afectar la calidad del servicio. El aumento varía dependiendo del tipo de unidad y la distancia recorrida, estableciéndose tarifas diferenciadas para zonas urbanas y suburbanas.
La nueva tarifa mínima de transporte público en el Estado de México es de 14 pesos (antes 12) para colectivos y cubre los primeros 5 kilómetros de recorrido, con un costo adicional de 0.25 centavos por cada kilómetro extra. Para rutas mixtas en 27 municipios rurales del sur del estado, la tarifa mínima es de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros.
Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos, en respuesta, activistas del colectivo "No Al Tarifazo Edomex", junto con la organización Migala, han interpuesto recientemente un tercer amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra del aumento en la tarifa del transporte público en el Estado de México.
Los representantes de estos colectivos, como Dante Álvarez, argumentan que el aumento afecta gravemente a los sectores más vulnerables, incluyendo trabajadores, estudiantes y personas de bajos ingresos, atentando contra el derecho constitucional a la movilidad. Señalan que dicho incremento se hizo sin una fundamentación adecuada, careciendo de estudios técnicos y sociales accesibles a la ciudadanía y sin la consulta previa a los sectores afectados.
Los amparos buscan que se declare la inconstitucionalidad de esta medida y que se suspenda el aumento mientras se realizan estudios más profundos y participativos. Hasta ahora, dos amparos anteriores fueron rechazados, uno por cuestiones formales y otro está en análisis, pero los activistas no descartan promover hasta seis recursos legales para frenar el "tarifazo".
