La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Víctor Martín "N", quien se desempeñaba como comisario de Seguridad Pública de Jilotzingo, así como contra cinco policías municipales, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.
El caso ha generado fuerte atención porque involucra a mandos y elementos de una corporación encargada precisamente de proteger a la población. Cuando se trata de hacer valer la justicia, nadie se escapa. Y es que cuando los responsables de la seguridad pública son señalados por delitos de alto impacto, el daño no solo es jurídico; también es institucional y social.
Los hechos ocurrieron el 7 de marzo en la colonia Miguel Tecpan, en Jilotzingo. Dos personas que viajaban en un vehículo de carga fueron interceptadas por tripulantes de una patrulla municipal. Entre los agentes que descendieron de la unidad estaba el propio comisario, quien, junto con otros elementos, les cuestionó sobre la mercancía que transportaban y les dijo que supuestamente habían cometido una infracción, serían remitidos al Ministerio Público.
La indagatoria sostiene que, posteriormente, los policías habrían amagado a las víctimas con armas de fuego para exigirles dinero y parte de la carga. Después, las obligaron a subir a la patrulla y más adelante las abandonaron en otro punto. Ese tipo de conducta encuadra, según la autoridad, en secuestro exprés con fines de robo, una figura delictiva que combina privación ilegal de la libertad con despojo patrimonial.
Pero eso no es todo, antes, Víctor Martín "N" ya había sido ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla por el delito de cohecho, lo que permitió que el nuevo mandamiento judicial le fuera notificado dentro del penal. En paralelo, los cinco policías municipales también quedaron a disposición de un juez para que se defina su situación jurídica.
