El Estado de México avanza en una reforma histórica para combatir la impunidad en casos de violencia de género: el Congreso local analiza la llamada Ley Mariana Lima, una iniciativa que busca sancionar con cárcel, multa e inhabilitación a servidores públicos que omitan, obstruyan o nieguen justicia a víctimas de feminicidio y muertes violentas de mujeres.
La iniciativa plantea tres cambios centrales: obligar a la Fiscalía estatal a investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género y debida diligencia, crear el delito de negación de justicia por razones de género, y garantizar reparación del daño y no repetición.
De aprobarse la reforma, los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) o del sistema de procuración de justicia que incurran en omisiones, negligencias, errores u obstrucción podrían recibir de 4 a 10 años de prisión, además de multa y destitución.
En otras versiones legislativas recientes en la entidad, también se plantea castigar a quienes encubran feminicidios con hasta ocho años de cárcel. Con ello, las familias de las víctimas tendrían mayores garantías de acceso a la verdad y a la justicia con perspectiva de género.
La propuesta toma como referencia el caso de Mariana Lima Buendía, cuyo feminicidio marcó un precedente nacional en la exigencia de investigar las muertes violentas de mujeres. La idea es convertir ese estándar en una obligación legal clara para ministerios públicos, fiscalías y autoridades de justicia.
La reforma busca que ningún caso de muerte violenta de una mujer se cierre de manera automática como suicidio, accidente o muerte agresiva sin antes agotar una investigación seria. Si la iniciativa avanza, el Estado de México podría convertirse en el primer estado del país en sancionar de manera expresa la negación de justicia de género en casos de feminicidio.
Esa medida colocaría a la entidad en una posición pionera dentro de la agenda nacional de derechos de las mujeres. La discusión legislativa continúa, pero el debate ya colocó al Estado de México en el centro de una reforma que busca cambiar no solo las penas contra feminicidas, sino también la forma en que el Estado responde ante la violencia contra las mujeres.
