El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de la Defensoría Pública, destinó 756 mil 85 pesos del Fondo de Reparación del Daño para apoyar a 10 personas privadas de la libertad, quienes podrán cubrir el pago económico ordenado por la autoridad judicial y así acceder a beneficios como libertad anticipada, libertad condicionada o amnistía.
El mecanismo gubernamental busca garantizar el acceso a la justicia tanto para las víctimas como para personas en situación de vulnerabilidad económica. Los recursos fueron aprobados durante la Primera Sesión Ordinaria del Fondo de Reparación del Daño del IDP, organismo adscrito a la Consejería Jurídica estatal.
Ahora bien, el apoyo se otorga únicamente cuando el pago de la reparación del daño es el último requisito pendiente para que una persona pueda acceder a un beneficio jurídico. Aplica cuando una Persona Privada de la Libertad (PPL) cumple con todos los requisitos legales para obtener su libertad (como amnistía, libertad anticipada o condicionada).
El fondo está diseñado para cubrir, de manera gratuita, el monto de la reparación del daño impuesto por un juez a personas privadas de la libertad que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo por su cuenta. También está dirigido a quienes no tienen red de apoyo familiar y acreditan su situación de vulnerabilidad mediante un estudio socioeconómico.
Las autoridades estatales han señalado que el monto máximo al que puede acceder una persona es de 300 mil pesos, aunque cada solicitud se revisa caso por caso. Según el comité técnico, la evaluación se realiza con criterios de legalidad, objetividad, transparencia y responsabilidad, para asegurar tanto el derecho de las víctimas como el acceso a beneficios de libertad para quienes cumplen con la ley.
Las autoridades del Instituto de la Defensoría Pública explicaron que este tipo de apoyos buscan corregir desigualdades y dar una salida legal a personas en situación de vulnerabilidad que, pese a tener posibilidades de obtener beneficios jurídicos, no pueden cubrir el requisito económico final. Así, el fondo se convierte en una herramienta que articula justicia, reparación y reinserción.
