En el Estado de México, cuatro comunidades con fuerte presencia indígena han emprendido un camino histórico para convertirse en municipios independientes. Se trata de San Juan Atzingo, en Ocuilan; San Francisco Tlalcilalcalpan, en Almoloya de Juárez; San Pablo de las Salinas, en Tultitlán; y Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco.
El objetivo no es solo cambiar de nombre en el mapa, sino obtener mayor reconocimiento político, administrativo y territorial para atender mejor las necesidades de sus habitantes. La petición de estas comunidades responde a una larga historia de organización local, defensa del territorio y exigencia de autonomía.
En varios casos, sus habitantes argumentan que han quedado rezagados dentro de municipios más grandes, donde las prioridades suelen concentrarse en las cabeceras municipales y no en las localidades que viven problemas propios de infraestructura, servicios, representación y desarrollo comunitario.
Ahora bien, en el Estado de México, la creación de un nuevo municipio no depende solo de una petición ciudadana o de una decisión política momentánea. La ley establece un procedimiento formal y varias condiciones que deben acreditarse ante la Legislatura local, porque se trata de una modificación territorial e institucional de gran impacto para la entidad.
Entre los criterios que se mencionan para evaluar la creación de un municipio están los siguientes:
- Presentar una solicitud por escrito ante la Legislatura.
- Contar con un censo de población de más de 40 mil habitantes, aunque en ciertos casos la ley contempla excepciones si existe un pasado histórico y cultural común, continuidad geográfica o razones políticas, sociales o administrativas que lo justifiquen.
- Acreditar recursos económicos suficientes para sostener la administración pública municipal.
- Demostrar que la cabecera propuesta tiene inmuebles e instalaciones necesarias para operar servicios públicos municipales.
- Probar que, si el nuevo municipio integrará varias comunidades, estas estén debidamente comunicadas entre sí.
Las solicitudes de estas cuatro comunidades indígenas se encuentran bajo revisión de la Comisión de Límites Territoriales del Congreso del Estado de México. El Congreso revisa si las comunidades realmente pueden funcionar como municipios independientes y si tienen capacidad para sostener su propio gobierno sin generar problemas mayores de operación o de reparto territorial.
