Tras la implementación de un operativo sin precedentes contra el huachicoleo de agua o "aguachicol", la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha hecho énfasis en que la Operación Caudal "no es una cacería", pues algunos grupos de la población y los operadores de pipas han reaccionado con descontento por el desabasto y la especulación que generó.
Llevada a cabo apenas el fin de semana pasado, tiene como objetivo combatir el acaparamiento y las prácticas ilegales que limitan el acceso del líquido vital a las comunidades más vulnerables. Gómez ha dejado claro que no busca afectar a quienes cumplen con la ley, al contrario.
Durante sus declaraciones, la mandataria estatal afirmó que la acción busca ordenar y regular el uso del recurso hídrico en la región, garantizando una distribución justa y legal del agua, que es un bien fundamental para todos. Aclaró que la política de su administración se basa en mantener puertas abiertas al diálogo con los piperos, operadores y comunidades afectadas.
Hizo hincapié en que la regularización de pozos y tomas clandestinas no implica castigo, sino justicia social. La funcionaria resaltó que la lucha contra el desvío y comercio ilegal de agua busca proteger el recurso, evitar daños ambientales y prevenir el cobro excesivo por parte de quienes lucran con el agua de forma ilícita.
Además, la gobernadora subrayó que en varias regiones, se están realizando reuniones con autoridades municipales, federales y operadores para regularizar la situación y sancionar a quienes actúan en contra de la ley. La estrategia busca no solo cerrar tomas clandestinas, sino también brindar la oportunidad de legalizar su suministro a quienes cumplen con los requisitos y documentación necesaria.