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Operación Restitución: asegura Edomex 1983 inmuebles, ya devolvió mil

Estaban vinculados a despojo contra la propiedad en 69 municipios de la entidad.

Foto: Redes

En el Estado de México, la denominada Operación Restitución se ha consolidado como una de las acciones más visibles contra el despojo y la violencia patrimonial. En lo que va de su despliegue, las autoridades han asegurado 1 983 inmuebles vinculados con delitos de despojo y contra la propiedad en 69 municipios de la entidad.

El Gobierno del Estado de México ya ha devuelto más de mil a sus legítimos dueños, quienes acreditaron documentalmente su posesión. Del total de inmuebles regresados, la mayoría son casas habitación; también se incluyen predios y algunos locales comerciales, lo que muestra que el fenómeno afecta tanto a familias vulnerables como a pequeños empresarios.

La Operación Restitución forma parte de la "Estrategia para la Restitución de la Propiedad", una iniciativa coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de instituciones federales y policías municipales. Surgió a partir de casos emblemáticos como el de Doña Carlota, propietaria despojada en Chalco, que encendió la alerta social sobre redes de saqueo de predios y casas habitación.

Los cateos y aseguramientos se realizan en viviendas, terrenos y, en menor medida, locales comerciales, sobre todo en municipios con alta conflictividad por invasión de terrenos y falsificación de documentos. La clave del operativo no es solo recuperar casas, sino devolverlas a quienes cuentan con títulos, escrituras, contratos o testigos que demuestran su derecho legítimo.

Junto con los aseguramientos de caso 2 mil inmuebles, se han llevado a cabo más de 400 detenciones, incluyendo presuntos delincuentes, "falsos" compradores y, en algunos casos, autoridades locales o funcionarios involucrados en la venta irregular de terrenos.

Más allá de las cifras, la Operación Restitución es un intento por aliviar la sensación de impunidad frente al despojo, que muchas veces obliga a familias enteras a vivir en la calle o a renunciar a su patrimonio. Al devolver los inmuebles, el Estado no solo repara un daño concreto, sino que envía un mensaje claro: ya no se tolerará que el despojo se convierta en una práctica "normalizada".


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