En el Estado de México comenzó a tomar fuerza la promoción de la llamada “Ley Alberto”, una propuesta impulsada por profesores y colectivos para sancionar acusaciones falsas contra docentes y proteger la presunción de inocencia dentro del ámbito educativo. La iniciativa surge tras el caso del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, cuyo fallecimiento detonó una discusión más amplia sobre el daño que pueden provocar señalamientos sin sustento.
A través de redes sociales y espacios de organización ciudadana, asociaciones como Equidad y Justicia han comenzado a difundir el planteamiento, que busca establecer consecuencias legales para quienes presenten denuncias dolosas o fabriquen hechos con la intención de perjudicar a personal docente o administrativo. Los promotores señalan que una acusación falsa no debe quedar sin castigo cuando afecta la reputación, el trabajo y la vida personal de una persona.
La “Ley Alberto” pretende crear un nuevo tipo penal o fortalecer el marco legal existente para sancionar denuncias falsas presentadas de manera consciente y deliberada. La idea central es garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de los derechos humanos de las personas señaladas.
También se busca que las investigaciones se sustenten en evidencia y no en prejuicios, así como establecer responsabilidades para quienes participen en la fabricación o sostenimiento de acusaciones basadas en hechos falsos. En algunos planteamientos incluso se habla de penas de prisión y de reparación integral del daño cuando las falsas imputaciones generen consecuencias laborales, administrativas o psicológicas verificables.
