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El día martes 19 de noviembre, los diputados de la LXII Legislatura del Estado de México (Edomex), presentaron una iniciativa para reformar la Constitución local en materia de Poder Judicial, para que de igual manera a la Reforma Judicial a nivel Federal, en nuestra entidad, y así los jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto.
La iniciativa, que fue presentada por Octavio Martínez Vargas, tiene como eje central eliminar los privilegios, desaparecer los fideicomisos, evitar el nepotismo, fomentar la transparencia, garantizar la equidad de género, entre otros temas.
Así pues, se pretende modificar 23 artículos de la Constitución del Edomex y la derogación de tres artículos para que esta constitución esté al nivel de la Carta Magna.
Además, propone eliminar la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Edomex y crear una Sala Superior, conformada por 9 magistraturas que se encargarán a resolver las controversias entre poderes y ayuntamientos.
La razón de estas modificaciones, destacó Octavio Martínez, es porque "el viejo régimen aún mantiene el control del Poder Judicial del Estado", por lo que, en sus palabras, el Poder Judicial debe reformarse y así acabar con los privilegios existentes en este poder.
Otro aspecto que se contempla en la iniciativa es que en caso de faltas que excedan de un meso o su licencia cuya falta se deba a una renuncia o separación definitiva, ocuparía el cargo la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar, en caso de que esa persona tampoco pueda, entonces será elegida la que haya quedado en tercer lugar.
Para ser magistrada o magistrado será necesario que las personas cuente con más de 30 años, tenga estudios de posgrado, contar con al menos cinco años de experiencia profesional en el ramo.
Este documento fue remitido a las concesiones legislativas de Gobernación y Procuraduría de Justicia para ser analizada y enriquecida en las próximas semanas para ser dictaminada antes de que concluya el año, pues antes de febrero del 2025, será el Congreso del Estado quien emita la convocatoria para la elección de jueces y magistrados.
