Un operativo coordinado entre Hidalgo y el Estado de México dio como resultado un golpe mayúsculo al llamado "huachicol" estatal, con la detención de siete personas relacionadas con el robo y la venta clandestina de combustibles. En el marco de la estrategia de seguridad compartida, se realizaron 20 cateos simultáneos en ambas entidades.
Los operativos, que permitieron desmantelar complejos sistemas de extracción y almacenamiento de Gas LP y gasolina, asociados a grupos dedicados al robo de hidrocarburos, dejaron un saldo de 150 mil litros de Gas LP asegurados, junto con 61 pipas, 20 grandes tanques de almacenamiento y 55 autotanques utilizados para el traslado y distribución de combustible robado.
Muchos de estos vehículos y estructuras usados para el ejercicio de "huachicol" estaban disfrazados como centros de abastecimiento lícito, pero funcionaban como puntos de acopio para el mercado negro, alimentando ranchos clandestinos, gasolineras pirata y rutas de reparto hacia la Ciudad de México y el Valle de México.
El huachicol no es solo un problema que genera pérdidas económicas para Petróleos Mexicanos (Pemex), es también un problema de impuestos evadidos y una actividad de alto riesgo social, ambiental y de seguridad pública que concentra peligros concretos para comunidades, infraestructura y ecosistemas.
En el Estado de México, donde se cruzan oleoductos, gasoductos y redes de transporte que alimentan a la CDMX y buena parte del Valle de México, el peso de estas redes clandestinas es especialmente crítico y exige que se desarticulen de forma sistemática.
El robo de hidrocarburos implica perforar o manipular intencionalmente ductos a presión, lo que eleva el riesgo de fugas, derrames, explosiones y fuegos. Además de los riesgos físicos, el huachicol alimenta redes de corrupción, extorsión y violencia organizada; incrementa la probabilidad de enfrentamientos armados, persecuciones y accidentes de tránsito.
