La Operación Enjambre se ha convertido en uno de los golpes más fuertes contra redes de colusión entre servidores públicos y grupos delictivos en el Estado de México. Desde su arranque, la estrategia ha dejado un saldo de mil 146 años y seis meses de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios.
Su arranque ocurrió en noviembre de 2024, cuando autoridades federales y estatales comenzaron a desplegar acciones coordinadas contra servidores públicos y mandos policiales presuntamente vinculados con grupos delictivos. Desde entonces, la estrategia ha marcado un antes y un después en el combate a la corrupción institucional y a la infiltración criminal en corporaciones municipales.
El punto de partida estuvo relacionado con investigaciones sobre policías de Nicolás Romero que presuntamente estaban al servicio de criminales. A partir de ese caso, la operación se amplió a distintos municipios mexiquenses y se convirtió en un esquema de intervención más amplio, con participación de instancias federales y estatales.
Entre las condenas más destacadas está la de María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, sentenciada a 70 años de prisión por homicidio. También sobresale el caso de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien recibió dos sentencias: una de 40 años por homicidio y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.
La depuración de corporaciones, la prevención del encubrimiento y la consolidación de investigaciones sólidas serán claves para que estos avances no se queden solo en casos aislados y, más allá del acumulado de sentencias, la Operación Enjambre representa un intento por reconstruir la autoridad del Estado en territorios donde el crimen y la impunidad habían avanzado históricamente.
